El Gobierno de Ecuador reanudará el diálogo con la Confederación de Nacionalidades Indígenas (Conaie), con la mediación de la Iglesia católica, en un nuevo intento de poner fin a más de dos semanas de protestas por el alto costo de vida, confirmaron hoy las autoridades.
«En función de devolver la tranquilidad al pueblo ecuatoriano hemos decidido aceptar el proceso de mediación que ahora va a impulsar la Conferencia Episcopal Ecuatoriana (CEE)», sostuvo el ministro de Gobierno, Francisco Jiménez.
Sin precisar cuándo se reunirán, Jiménez señaló que la CEE será «la que determine la metodología, los actores y los representantes, para que podamos llegar a una solución definitiva de este conflicto», que comenzó el 13 de junio pasado.
El líder de la Conaie, Leónidas Iza, confirmó de inmediato que va a participar, aunque destacó que hace un año que vienen dialogando con las autoridades sin que haya resultados.
«Si venimos acá, después de un año de dialogar, venimos diciendo: no más diálogo sino resultados», pidió Iza en un vídeo publicado en la red social Twitter.
«Participaremos para concluir con este diálogo. Invitamos a las autoridades del estado a no poner más pretextos, no más condiciones, nosotros jamás hemos puesto condiciones, siempre hemos dicho que hacen falta garantías, de un lado y del otro, para que lo que se habla se cumpla», señaló.
Y agregó: «Sea en este tiempo o en el tiempo que sea necesario: garantías, no condiciones».
Además, Iza le reclamó al presidente Guillermo Lasso por sus «palabras cambiantes» y reafirmó «la necesidad de concluir con este diálogo para poder concretar lo que en la mesa de negociaciones está avanzando».
El Ejecutivo rompió hace dos días las negociaciones con la poderosa Conaie luego de acusar a manifestantes de un ataque a un convoy de policías y militares en la amazónica provincia de Sucumbíos.
En ese choque un militar murió y otros 12 resultaron heridos. En el contexto de las protestas también fallecieron cinco civiles, según distintas organizaciones de derechos humanos.
Los diálogos empezaron el lunes pasado luego de más de dos semanas de protestas, que tuvieron su punto más violento entre jueves y viernes de la semana pasada en Quito, la capital ecuatoriana.
«Reiteramos que la voluntad del Gobierno nacional es primero garantizar la paz de los ecuatorianos y en función de ese criterio no dejaremos de tomar las acciones que permitan llegar por la vía del derecho y del respeto de las constitución a esa paz tan anhelada», apuntó Jiménez, según consignó la agencia de noticias AFP.
Aunque el gobierno manifestó en la víspera que «no estaba dispuesto a dialogar con Iza», ahora señaló que «no pretende poner condicionamientos a este nuevo acercamiento».
Lasso decretó un nuevo estado de excepción
El Gobierno de Ecuador decretó el estado de excepción en las provincias andinas de Imbabura y Azuay, y en las amazónicas de Sucumbíos y Orellana, ante una «grave conmoción interna» generada por actos violentos en el marco de las protestas sociales que llevan 17 días.
Mediante un decreto ejecutivo, el presidente ecuatoriano, el conservador Guillermo Lasso, declaró que el estado de excepción, que durará 30 días, «busca garantizar la seguridad de la ciudadanía, la provisión de alimentos, combustibles y de otros servicios afectados por las protestas».
Asimismo, restringe los derechos a la libertad de asociación y reunión en aquellas manifestaciones en que ocurran hechos violentos y se exceptúan las protestas pacíficas. También se restringe la libertad de tránsito, con excepciones, entre las 19 y 5 (hora local) en las provincias de Sucumbíos y Orellana; mientras que en la de Azuay la medida se aplicará desde las 21.
El decreto, además, establece que los agentes del orden deben observar «el estándar del uso progresivo de la fuerza, dependiendo del nivel de agresión o resistencia».
Además, la norma dispone que la maquinaria del Ministerio de Obras Públicas despeje las vías cerradas por los manifestantes y señala que los gobiernos locales tendrán a su cargo el control de los mercados de víveres.
La medida, sin embargo, no incluye Pichincha, cuya capital es Quito, donde la mayoría de unos 14.000 manifestantes están congregados.
¿La tercera será la vencida?
La promulgación del Estado de excepción de ámbito parcial es el tercero que decreta el presidente Lasso desde el inicio del «paro nacional indefinido» que convocó desde el pasado 13 de junio la Conaie contra las políticas económicas del Gobierno, que tilda de neoliberales.
Esta medida se da después de que algunas de estas provincias fueran escenarios de violentos
episodios, como un enfrentamiento el martes en Sucumbíos entre manifestantes y fuerzas del orden que custodiaban un convoy de camiones de combustible, donde se produjo la muerte de un militar.
También en los últimos días la sureña localidad andina de Cuenca, capital de la provincia de Azuay, sufrió el desabastecimiento de productos esenciales como el oxígeno medicinal, ya que otro grupo de manifestantes impedía la llegada de un cargamento a la ciudad hasta que por fin le permitieron el paso este miércoles.
Indígenas persisten en demandas
El movimiento indígena, que cuenta con el apoyo de sindicatos y otras organizaciones sociales, expresó su intención de mantener las protesta de forma indefinida hasta que el Gobierno dé soluciones a un pliego de diez peticiones, algunos de los cuales ya recibieron respuestas parciales.
Las demandas, sobre todo, se centran en la reducción de 40 centavos de dólar de los combustibles subsidiados, de consumo masivo, y el rechazo a la expansión de las actividades mineras y petroleras en zonas donde habitan comunidades campesinas e indígenas, sobre todo en la Amazonía.
Lasso, quien el pasado jueves se sentó en una mesa de diálogo con los dirigentes del movimiento indígena para dar soluciones a las demandas, rompió el día siguiente el proceso de conversaciones, por considerar que el máximo líder de ese colectivo, Leonidas Iza, no era un interlocutor legítimo, después de producirse el martes la muerte del militar en Sucumbíos.
La Conaie, por su parte, aseguró que Iza representa al pueblo y que es el legítimo representante del movimiento indígena.
De momento, la solución al paro se encuentra en un punto muerto, según advirtieron los indígenas, mientras que el saldo de las movilizaciones es de momento de seis fallecidos, de ellos el militar parecido en Sucumbíos, y unos 500 heridos entre manifestantes y policías.
